STP18653-2026; Rad. 158611; CSJ – SP; M.P.: GERSON CHAVERRA CASTRO

En un proceso penal por secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, la Fiscalía aplicó el principio de oportunidad en la modalidad de suspensión de la persecución penal por tres años, con fundamento en la causal quinta del artículo 324 de la Ley 906 de 2004.

El procesado se comprometió a colaborar con la justicia mediante la localización del cuerpo de una víctima y su declaración como testigo de cargo contra otros implicados. La suspensión fue aprobada por un juez de control de garantías en abril de 2014.

En 2018, la Fiscalía certificó que el procesado había cumplido sus compromisos. Sin embargo, no se adoptó una decisión definitiva sobre la renuncia a la persecución penal.

En 2026, otro fiscal consideró que el testimonio rendido había sido insuficiente, principalmente porque los demás procesados fueron absueltos de varios delitos. Por esta razón, solicitó directamente al juez de conocimiento la reactivación del proceso penal, sin acudir previamente al juez de control de garantías.

Ante esa situación, la defensa promovió acción de tutela por vulneración del debido proceso.

La Corte debía determinar si la Fiscalía podía reactivar unilateralmente un proceso penal suspendido por aplicación del principio de oportunidad, alegando el incumplimiento de los compromisos adquiridos, sin autorización previa del juez de control de garantías.

Para resolver la controversia, explicó que la aplicación del principio de oportunidad en la modalidad de suspensión comprende, por regla general, dos momentos sometidos a control judicial.

El primero corresponde a la aprobación de la suspensión de la persecución penal y de las condiciones que debe cumplir el procesado. El segundo se presenta cuando debe definirse el resultado de esa suspensión, bien sea mediante la renuncia a la acción penal por cumplimiento de los compromisos o mediante su levantamiento por incumplimiento.

La Corte sostuvo que ambas decisiones requieren control judicial, conforme al artículo 327 de la Ley 906 de 2004 y la jurisprudencia constitucional, especialmente las sentencias C-979 de 2005 y C-387 de 2014.

En ese sentido, precisó que la Fiscalía no puede decidir unilateralmente que el procesado incumplió las obligaciones y, con fundamento exclusivo en esa valoración, reactivar la persecución penal. Cuando existe controversia sobre el cumplimiento, corresponde al juez de control de garantías examinar los elementos de juicio, escuchar a las partes y determinar si procede levantar la suspensión o aceptar la renuncia a la acción penal.

Esta exigencia garantiza los principios de contradicción, igualdad de armas y debido proceso, pues impide que la Fiscalía actúe simultáneamente como parte interesada y autoridad que resuelve definitivamente el incumplimiento.

En el caso concreto, la Corte advirtió que la Fiscalía había solicitado la reactivación del proceso sin ese control judicial. Además, sustentó su conclusión principalmente en la absolución de los otros implicados, sin valorar suficientemente la certificación de cumplimiento expedida anteriormente ni examinar directamente el testimonio rendido.

La Sala también aclaró que el juez de conocimiento no tiene competencia para suplir ese control, pues la evaluación de la legalidad del levantamiento de la suspensión corresponde al juez con función de control de garantías.

La Corte revocó la decisión que había declarado improcedente la tutela y amparó el derecho fundamental al debido proceso.

En consecuencia, ordenó a la Fiscalía acudir ante el juez de control de garantías para sustentar, con los elementos de juicio correspondientes, si procede levantar la suspensión por incumplimiento de las obligaciones o aceptar la renuncia a la persecución penal por su cumplimiento.

Asimismo, exhortó al juez de conocimiento a no reanudar el proceso hasta que se adoptara la respectiva decisión judicial.

La regla jurisprudencial de la sentencia es que la Fiscalía no puede reactivar unilateralmente una actuación penal suspendida por aplicación del principio de oportunidad, alegando el incumplimiento de los compromisos adquiridos. Para ello debe acudir previamente ante el juez de control de garantías, quien determinará, con respeto del derecho de contradicción, si procede levantar la suspensión o aceptar la renuncia a la acción penal.

La Corte no declaró acreditado el cumplimiento de los compromisos ni ordenó extinguir la acción penal. Su decisión se limitó a garantizar que esa controversia fuera resuelta por la autoridad judicial competente, mediante el procedimiento legalmente establecido.

STP18653-2026