SP069-2026; Rad. 67.877; CSJ – SP; M.P.: JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ

La providencia surge de un proceso penal seguido contra José Raymundo Fragozo Corrales, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Juez Promiscuo Municipal de El Paso, Cesar. La Fiscalía le atribuyó haber incurrido en prevaricato por acción por la sentencia de tutela que profirió el 21 de junio de 2017 dentro del trámite promovido por Judith Carola Calderón Zuleta contra AXA Colpatria Seguros de Vida S.A.

En esa actuación constitucional, la accionante reclamaba el pago de las prestaciones derivadas de una póliza de seguro de vida de deudores, luego de haber sido calificada con una pérdida de capacidad laboral superior al 80%. El juez concedió el amparo y ordenó a la aseguradora asumir el pago reclamado. Posteriormente, esa decisión fue cuestionada penalmente por la Fiscalía, que sostuvo que la tutela había sido resuelta en abierta contradicción con las reglas de procedencia del amparo y con los elementos probatorios obrantes en el expediente. El Tribunal Superior de Valledupar absolvió al funcionario, pero la Fiscalía y el representante de la víctima apelaron, lo que llevó a la Corte Suprema a revisar tanto la configuración objetiva como subjetiva del prevaricato por acción.

Dentro de ese marco, la Corte precisó que el debate no giraba sobre la existencia material de la sentencia de tutela ni sobre la calidad funcional del acusado, pues esos extremos no estaban discutidos. Lo verdaderamente controvertido era si esa providencia, dictada dentro del expediente 2017-00199, podía ser calificada como manifiestamente contraria a la ley y, además, si había sido proferida dolosamente. Para resolver esa controversia, la Sala tuvo que mirar no solo el contenido jurídico del fallo de tutela, sino también la realidad probatoria que el juez tuvo a su alcance cuando lo emitió. Por eso el análisis adquirió una dimensión probatoria muy marcada: en los delitos de prevaricato por acción, determinar qué pruebas estaban disponibles y cómo ingresaron al juicio penal es decisivo para valorar la corrección o incorrección de la decisión judicial cuestionada.

La sentencia cobra especial relevancia porque, antes de entrar a examinar de fondo la corrección de la tutela cuestionada, la Corte hace una precisión metodológica sobre cómo debe incorporarse al juicio penal la realidad procesal enfrentada por el funcionario acusado. La Sala recuerda que, en asuntos de prevaricato por acción, es indispensable “constatar cuáles eran las pruebas con las que contaba el funcionario cuando emitió la decisión” y confrontarlas con la providencia finalmente adoptada, pues solo así puede establecerse si la determinación fue verdaderamente contraria al ordenamiento. Desde esa premisa, la Corte reafirma que los expedientes judiciales pueden ingresar al debate como prueba documental, pero esa incorporación no exige una lectura exhaustiva y mecánica de todos sus folios. Lo determinante, según la providencia, es que exista adecuado descubrimiento, delimitación del documento en preparatoria y aducción en juicio, de forma que la contraparte pueda ejercer control.

En este sentido, la Corte rechaza una concepción ritualista de la incorporación documental. La Sala explica que el expediente no se convierte en prueba por el solo hecho de ser leído página por página en audiencia, ni la oralidad se protege con largas sesiones de lectura literal. Su tesis es más sofisticada: el expediente “se incorpora como lo que es, una sola prueba”, de acuerdo con las reglas de la prueba documental, de suerte que no resulta necesario agotar la lectura de cada folio para que el material quede válidamente introducido al juicio. El punto central no está en la reproducción física del contenido, sino en la claridad sobre qué documento fue aducido y en la publicidad de ese acto procesal. Por eso la Corte formula la idea que usted destacó como eje del fallo: lo relevante no es la reproducción literal del expediente, sino la identificación precisa de la prueba incorporada y la publicidad de su ingreso al debate, ya que eso es lo que verdaderamente permite a las partes utilizarla, contradecirla, refrescar memoria o impugnar credibilidad, y al juez valorarla legítimamente en la sentencia.

Posteriormente, la Sala explica por qué esa precisión no es apenas una observación secundaria, sino una verdadera regla de racionalidad procesal. A juicio de la Corte, las largas lecturas no añaden valor probatorio, no fortalecen la inmediación y, por el contrario, entorpecen la celeridad y conspiran contra los principios de concentración e inmediación. En un sistema acusatorio, la oralidad no se satisface convirtiendo la audiencia en una sucesión de lecturas estériles, sino asegurando que el ingreso del documento sea público, comprensible y controlable. La providencia insiste en que, en un contexto de altas cargas laborales y congestión judicial, imponer ritualidades innecesarias agrava los tiempos de respuesta y desnaturaliza la lógica del juicio oral. Por eso vincula esta regla no solo con la economía procesal, sino también con el respeto de los principios estructurales del sistema acusatorio.

La Corte no se queda en la formulación abstracta del estándar, sino que muestra cómo en el caso concreto ese parámetro fue desconocido. De acuerdo con la providencia, buena parte de las sesiones del juicio oral se consumieron en la lectura íntegra de demandas de tutela, sentencias y anexos, hasta completar cerca de diez horas dedicadas a esa actividad. Para la Sala, esa forma de conducción del juicio fue problemática por dos razones. Primero, porque consumió un tiempo excesivo en lecturas innecesarias. Segundo, y más grave aún, porque pese a que la Fiscalía solicitó la incorporación completa del expediente de tutela 2017-00199 e indicó expresamente el número de folios, el magistrado ponente limitó la incorporación a los documentos leídos en su totalidad. Esa actuación, según la Corte, desconoció los estándares jurisprudenciales sobre incorporación documental y terminó restringiendo indebidamente el alcance del material probatorio disponible para el análisis.

Desde allí se entiende mejor el núcleo del razonamiento de la Sala. La Corte no está defendiendo una desformalización irresponsable del juicio, sino una forma técnicamente correcta de aducir prueba documental. Lo que exige es que el documento quede delimitado, individualizado y públicamente incorporado, no que sea recitado íntegramente. En otras palabras, la validez del ingreso del expediente al debate no depende de la extensión de la lectura, sino de la posibilidad real de contradicción y del conocimiento efectivo de las partes sobre qué material quedó disponible para ser valorado. Esa visión revela una comprensión funcional de la prueba documental: la publicidad no equivale a reproducción total, sino a exteriorización clara del acto de incorporación. Por eso la Sala concluye que la dirección del debate debe preservar la naturaleza oral, pública, concentrada e inmediata del juicio, evitando dilaciones y formalismos prescindibles.

Con base en ese entendimiento, la Corte fija una regla jurisprudencial de gran importancia práctica. Cuando en el juicio oral se pretende introducir un expediente o carpeta procesal para reconstruir la realidad probatoria que enfrentó un funcionario acusado de prevaricato, lo exigible no es la lectura uno a uno de sus folios, sino un descubrimiento adecuado, la delimitación precisa del documento, su aducción pública y la posibilidad de control por la contraparte. La razón de fondo es que la prueba documental debe ingresar al debate de una forma compatible con la lógica del sistema acusatorio, esto es, sin sacrificar la oralidad ni convertir la audiencia en un escenario de lecturas masivas que no mejoran la calidad de la decisión judicial. La Corte considera, por ello, que el criterio correcto es privilegiar la identificación precisa de la prueba incorporada y la publicidad de su ingreso al juicio, antes que la reproducción literal del expediente.

SP069-2026