SP803-2024; rad. 62146; CSJ – SP; M.P.: GERARDO BARBOSA CASTILLO

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SP803-2024, aborda un problema que, aunque parece puntual, tiene implicaciones estructurales en materia de interpretación penal: si una estación de policía puede considerarse “establecimiento carcelario” para efectos de aplicar la agravante prevista en el artículo 384 numeral 1 literal b del Código Penal en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El caso parte de un hecho concreto: una persona fue sorprendida portando estupefacientes en una estación de policía donde había personas privadas de la libertad. La Fiscalía sostuvo que debía aplicarse la agravante, argumentando que, en la práctica, esos lugares cumplen funciones de reclusión. El Tribunal no acogió esa postura. La discusión llegó entonces a la Corte.

El núcleo del debate no era fáctico sino normativo: ¿puede el juez equiparar una estación de policía a un establecimiento carcelario por vía interpretativa?

La Sala responde negativamente y lo hace desde un eje claro: el principio de tipicidad estricta. La Corte recuerda que cuando se trata de agravantes punitivas la interpretación debe ser restrictiva. El legislador utilizó la expresión “establecimientos carcelarios”, no “lugares donde haya personas privadas de la libertad”. Esa diferencia semántica no es menor.

Para la Corte, extender el alcance de la agravante a estaciones de policía implicaría crear una hipótesis no prevista expresamente por el legislador. Y eso, en materia penal, es inadmisible. No puede el juez ampliar el ámbito de punibilidad por analogía ni por interpretación extensiva cuando ello perjudica al procesado.

La Sala es particularmente enfática en que la política criminal corresponde al Congreso. Si el legislador hubiese querido incluir estaciones de policía, lo habría dicho expresamente. No corresponde al intérprete corregir lo que considera una omisión legislativa ampliando el tipo agravado.

Este punto es central: el hecho de que en una estación de policía haya personas privadas de la libertad no transforma automáticamente ese lugar en un establecimiento carcelario en el sentido técnico-jurídico del término. La función coyuntural de custodia no equivale a la categoría legal de centro de reclusión.

Aplicado al caso concreto, la consecuencia fue clara: no procedía la agravante. El comportamiento se mantuvo dentro del tipo base del artículo 376, pero sin el incremento punitivo del artículo 384. No porque el hecho fuera irrelevante, sino porque el aumento de pena no podía fundarse en una interpretación extensiva.

Lo verdaderamente relevante de la sentencia no es la reducción concreta de la pena, sino el mensaje estructural que deja: en materia de agravantes, la interpretación no puede desbordar el texto legal. El juez no puede “completar” la ley penal. Si el legislador delimita el ámbito de agravación, ese límite es vinculante.

En síntesis, la Sala reafirma que la tipicidad estricta no es una fórmula retórica sino un límite real al poder punitivo. Las agravantes no se presumen, no se amplían y no se integran por analogía. Se aplican únicamente cuando el supuesto encaja exactamente en la descripción normativa.

SP803-2024