EL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL NO EXIGE LA PRESENTACIÓN DE UNA DEMANDA ESCRITA
AP6306-2026; Rad. 65229; CSJ – SP; M.P.: DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
La Corte Suprema de Justicia estudió la admisibilidad de una demanda de casación presentada contra la sentencia que impuso una condena al pago de perjuicios materiales dentro de un incidente de reparación integral.
El asunto tuvo origen en una condena penal por los delitos de estafa agravada, falsedad en documento privado y usurpación de derechos de propiedad industrial. Una vez declarada la responsabilidad penal, la víctima promovió el incidente para reclamar la indemnización de los perjuicios ocasionados.
La defensa cuestionó la legalidad del procedimiento argumentando, entre otras cosas, que el apoderado de la víctima no había presentado una demanda incidental escrita con sus respectivos anexos, conforme a los requisitos establecidos en los artículos 82, 84, 89 y 129 del Código General del Proceso.
En criterio del recurrente, esa omisión constituía una irregularidad que comprometía la validez del trámite y de la posterior condena indemnizatoria.
La controversia jurídica consistió en determinar si para promover y desarrollar el incidente de reparación integral resulta obligatorio presentar una demanda escrita que cumpla las formalidades del Código General del Proceso o si basta con formular oralmente la pretensión indemnizatoria en audiencia.
La Corte rechazó la interpretación propuesta por la defensa. Explicó que el incidente de reparación integral cuenta con una regulación procesal especial en los artículos 101 y siguientes de la Ley 906 de 2004, razón por la cual no es procedente acudir al principio de integración normativa para incorporar exigencias del procedimiento civil respecto de aspectos expresamente regulados por la legislación penal.
En particular, destacó que el artículo 103 de la Ley 906 de 2004 establece que el incidentante debe formular oralmente su pretensión en audiencia, indicando concretamente la reparación que solicita y las pruebas que pretende hacer valer.
A partir de esta disposición, la Sala concluyó que la presentación de la pretensión indemnizatoria no exige la elaboración de una demanda escrita, pues el procedimiento se encuentra estructurado sobre el principio de oralidad. Es en la primera audiencia del incidente donde la víctima debe exponer su reclamación y señalar los elementos probatorios que la respaldan.
En este sentido, la Corte distinguió entre la aplicación de las disposiciones civiles al recurso extraordinario de casación y las normas que gobiernan el desarrollo del incidente. Aunque el artículo 181 de la Ley 906 de 2004 remite a las causales y la cuantía de la casación civil cuando se impugna exclusivamente la reparación integral, esa remisión no significa que el trámite incidental deba someterse a las formalidades de una demanda civil.
Por consiguiente, no puede exigirse el cumplimiento de requisitos propios de la demanda escrita cuando el legislador estableció expresamente un procedimiento oral para formular la pretensión reparadora.
La Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación al considerar que los reproches formulados por la defensa no cumplían las exigencias técnicas del recurso extraordinario. En particular, descartó que la ausencia de una demanda incidental escrita constituyera una irregularidad procesal, porque la Ley 906 de 2004 no establece esa formalidad para la formulación de la pretensión indemnizatoria.
La providencia reafirma que el incidente de reparación integral se rige por un procedimiento especial, en el que la víctima formula oralmente sus pretensiones y anuncia las pruebas que pretende utilizar, sin necesidad de presentar una demanda escrita ajustada a los requisitos del Código General del Proceso.
En consecuencia, debe distinguirse la solicitud de apertura del incidente, prevista en el artículo 102 de la Ley 906 de 2004, de la formulación de la pretensión indemnizatoria regulada por el artículo 103. La regla establecida por la Corte se refiere específicamente a esta última actuación y confirma que las formalidades del proceso civil no pueden incorporarse cuando existe regulación especial en el procedimiento penal.
AP6306-2026
