1. ¿Incurre en el delito de prevaricato por acción la jueza que, dentro de un trámite de calificación de servicios, rechaza la recusación formulada en su contra y resuelve el recurso de reposición?

No. El rechazo de la recusación no configuró prevaricato por acción porque, para la época de los hechos, no existía una regla clara sobre su procedencia ni sobre la autoridad competente para resolverla. Aunque la jueza pudo haberle dado un trámite equivocado, su decisión correspondió a una interpretación jurídicamente razonable y no a un desconocimiento manifiesto, arbitrario o caprichoso de la ley. SP8367-2015 (45.410)

2. ¿Incurren en prevaricato por acción los conjueces que anulan, mediante tutela, un proceso disciplinario por la falta de trámite de una recusación?

Sí. Aunque la recusación debió tramitarse, su omisión no justificaba la nulidad de todo el proceso disciplinario, pues la conjuez recusada no intervino en la decisión y, por tanto, no se produjo una afectación real al debido proceso. Al conceder el amparo sin demostrar la trascendencia de esa irregularidad, los conjueces profirieron una decisión manifiestamente contraria a la ley. La falta de trámite de una recusación no genera automáticamente la nulidad: debe acreditarse que produjo un perjuicio concreto y significativo para las garantías de la parte afectada. SP2911-2024(62937)

3. ¿Incurre en el delito de prevaricato por acción una jueza que concede una acción de tutela desconociendo manifiestamente el principio de subsidiariedad y dando por acreditados hechos sin respaldo probatorio?

Sí. La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena por prevaricato por acción porque la jueza concedió el amparo pese a que los accionantes disponían de otros mecanismos judiciales idóneos, sin acreditar la existencia de un perjuicio irremediable y dando por demostrados hechos que carecían de respaldo probatorio. Además, estableció que la funcionaria actuó dolosamente, pues conocía las exigencias normativas y jurisprudenciales aplicables y, aun así, decidió desconocerlas. SP201-2023(57042)

4. ¿La sola extralimitación funcional del fiscal al ordenar la entrega definitiva de unos vehículos, pese a que esa decisión correspondía al juez de control de garantías, configura el delito de prevaricato por acción?

No. No toda actuación ilegal o realizada sin competencia constituye prevaricato por acción. Este delito exige que el servidor público profiera una decisión manifiestamente contraria a la ley, producto de su arbitrariedad o capricho y con conocimiento y voluntad de quebrantar el ordenamiento jurídico. Cuando la irregularidad consiste en ejercer una función atribuida legalmente a otro servidor público, la conducta puede corresponder al delito de abuso de función pública, pero no necesariamente al prevaricato. En el caso concreto, el fiscal se extralimitó al ordenar la entrega definitiva de los vehículos sin acudir al juez de control de garantías; sin embargo, no se demostró que actuara dolosamente ni con la intención de adoptar una decisión manifiestamente contraria a la ley. SP2287-2024(63785)

5. ¿Incurre en prevaricato por acción el fiscal que devuelve bienes aprehendidos durante una investigación?

No. La simple aprehensión física de un bien con fines investigativos no equivale a su incautación. La aprehensión permite asegurar y someter el elemento a cadena de custodia, mientras que la incautación es una medida cautelar dirigida a garantizar un eventual comiso y debe ser impuesta por el juez de control de garantías. En este caso, las actas de las audiencias preliminares demostraron que la lancha y los motores fueron aprehendidos, pero no quedaron afectados con incautación, suspensión del poder dispositivo ni otra medida cautelar. Por ello, una vez preservada la información probatoria, el fiscal estaba facultado por el artículo 88 de la Ley 906 de 2004 para ordenar su devolución a quien acreditara mejor derecho. SP1136-2025(67446)

6. ¿Incurre en prevaricato por acción el juez que concede prisión domiciliaria a una condenada, como mujer cabeza de familia encargada del cuidado de su madre adulta mayor, a pesar de que esta cuenta con otros familiares?

No. La existencia formal de otros familiares no excluye automáticamente la condición de mujer cabeza de familia. Lo relevante es establecer si esos familiares pueden brindar una ayuda material suficiente o si, por el contrario, existe una deficiencia sustancial de apoyo. La decisión debe examinarse a partir de la información disponible cuando fue proferida. En este caso, el juez valoró el estado de salud de la madre, la falta de asistencia efectiva de otros familiares y la interrupción de su tratamiento tras la captura de la condenada. La Fiscalía únicamente demostró la existencia de otra hermana, pero no que estuviera en capacidad de asumir materialmente el cuidado. SP701-2026(67417)

7. ¿Puede un magistrado incurrir en prevaricato por acción por una ponencia que fue derrotada, aunque su postura no se hubiera convertido en la decisión mayoritaria de la Sala?

Sí, siempre que se demuestre que el criterio sostenido era manifiestamente contrario a la ley y que el magistrado actuó con dolo. La ponencia derrotada no constituye una simple opinión privada ni pierde relevancia jurídica por no haber obtenido la mayoría. El magistrado la presenta en ejercicio de sus funciones, con capacidad para persuadir a los demás integrantes de la Sala y con la posibilidad de que su propuesta se convierta en la decisión de la corporación. Cuando el proyecto es rechazado y sus argumentos se mantienen como salvamento de voto, estos constituyen un concepto judicial comprendido en el artículo 413 del Código Penal. Además, ingresan al mundo jurídico al ser conocidos por la Sala e incorporados públicamente a la providencia como postura disidente. SEP015-2024(00034)

8. ¿Incurre en prevaricato por acción el fiscal que archiva una querella porque la víctima, pese a ser citada, no compareció a aportar la información requerida?

No. Cuando la información suministrada en la querella es insuficiente y la comparecencia de la víctima resulta indispensable para esclarecer los hechos, su inasistencia puede impedir la determinación de los elementos objetivos del delito y justificar el archivo provisional. En esas condiciones, la decisión está amparada por el artículo 79 de la Ley 906 de 2004 y no constituye una actuación manifiestamente contraria a la ley. SP1297-2024(59688)

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