AP2641-2021; rad. 54899; CSJ – SP; M.P.: HUGO QUINTERO BERNATE

La providencia AP2641-2021 (rad. 54899) se ocupa de un problema técnico, pero muy relevante en juicio oral: cómo deben usarse las declaraciones anteriores de un testigo cuando este comparece al juicio.

El caso surge dentro del proceso seguido contra una fiscal, a quien se le atribuía haber exigido dinero a unos policías y haberlos inducido a alterar la versión de unos hechos. En el juicio, uno de esos policías compareció como testigo de cargo. Frente a ello, la defensa buscó demostrar que ese testigo no era confiable, porque en actuaciones anteriores —rendidas en la justicia penal militar— no había dicho lo mismo. Para lograrlo, solicitó que esas declaraciones previas (versión libre e indagatoria) fueran incorporadas como prueba documental y pretendió introducirlas a través de un investigador.

Aquí aparece el punto clave sobre el Tribunal. En la audiencia preparatoria, el Tribunal admitió inicialmente esas piezas como prueba documental, lo cual ya implicaba un problema, porque desde ese momento se estaba confundiendo la naturaleza de la prueba. Sin embargo, al momento del juicio oral, cuando la defensa intentó incorporarlas a través del investigador, el Tribunal corrigió su posición y negó su incorporación, al considerar que ese no era el uso adecuado de ese tipo de declaraciones.

La defensa apeló esa negativa, argumentando que el Tribunal estaba desconociendo su derecho a controvertir la credibilidad del testigo. La Corte, al analizar la situación, hace dos precisiones importantes sobre la actuación del Tribunal:

Primero, reconoce implícitamente que hubo una confusión inicial en la audiencia preparatoria, al haber permitido que esas declaraciones fueran decretadas como prueba documental. Esto no era correcto, porque esas manifestaciones no son documentos autónomos, sino declaraciones, y su uso está limitado por reglas específicas. Pero, en segundo lugar —y este es el punto decisivo—, la Corte considera que el Tribunal actuó correctamente en el juicio oral al impedir su incorporación por esa vía. Esto porque la defensa intentó introducirlas como prueba independiente, a través de un tercero, cuando en realidad solo podían usarse directamente con el testigo para impugnar su credibilidad.

La Corte es clara en la regla: una declaración anterior no se convierte en documento por estar escrita y por eso, no puede incorporarse como prueba documental autónoma, su único uso válido era: confrontar al testigo en juicio, evidenciar contradicciones, o refrescar su memoria. Al no utilizar ese mecanismo, sino intentar introducirlas por fuera de ese esquema, la defensa planteó una solicitud manifiestamente improcedente.

A partir de esto, la Corte da un paso adicional: concluye que, si la solicitud era improcedente desde el inicio, entonces el Tribunal ni siquiera debió abrir espacio para un debate apelable. Por eso decide abstenerse de resolver la apelación y devolver el proceso para que continúe el juicio.

AP2641-2021